INFORME DEL CONSEJO ASESOR DE LA COMISION DE ECOLOGIA DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CASILDA
Los abajo firmantes, integrantes del Consejo Asesor de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo Deliberante de Casilda, informamos a la comunidad el resultado del análisis por parte de este Consejo, del proyecto de localización de una Planta de Formulación y Envasado de Agroquímicos en nuestra ciudad, impulsada por Agricultores Federados Argentinos S.C.L.. La misma, formularía y envasaría coadyuvantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas, curasemillas y otras formulaciones líquidas. Cabe destacar que AFA habría intentado desembarcar con esta propuesta en otras ciudades, como Cañada de Gómez, Carcarañá y Zavalla; pero en esta última localidad y según el Grupo Ecologista Génesis, el Intendente ya se habría negado a tener en cuenta esta posibilidad.
En este sentido, desaconsejamos la puesta en marcha de la planta, por considerarla de alto riesgo para la población de cualquier ciudad o localidad, pero aún más en Casilda, donde no se estaría en condiciones de controlar los impactos socioambientales vinculados a su normal funcionamiento, y mucho menos mitigar un desastre tecnológico, como el que podría acontecer con una actividad de esas características.
La formulación de agroquímicos es considerada como una actividad de categoría 3; es decir, de alto impacto ambiental, según el decreto reglamentario de la Ley 11.717 de la Provincia de Santa Fe. Para la norma, las actividades cotidianas de una planta de esas características, pueden provocar impactos ambientales negativos, cualitativa o cuantitativamente significativos, contemple o no el proyecto medidas de prevención o mitigación. Asimismo, su funcionamiento constituiría un riesgo potencial alto y en caso de emergencias descontroladas, podría llegar a ocasionar daños graves a las personas, al ambiente o a los bienes materiales.
Según se lee en el proyecto presentado por AFA, se adoptaría “voluntariamente” la serie ISO 14001, como estándar para una “protección ambiental confiable”, a fin de “prevenir y reducir los impactos ambientales negativos”; por lo tanto, se asumiría que habría efectos negativos sobre el ambiente y se pretendería reducirlos, pero no se habla de anularlos. Por otro lado, se lee que “la adopción de la norma no garantiza por sí misma, óptimos resultados ambientales.”, lo cual preocupa aún más.
Se expresa que se tercerizaría la “disposición final de los residuos sólidos” y del “lodo separado” de los efluentes líquidos, con empresas especializadas, pero no se especifica cuáles serían y las mismas, tendrían a su cargo la “incineración” del material. Esto significaría, quemar “residuos especiales como materiales de plástico y papel, contaminados con plaguicidas”. Es necesario señalar en este punto, que la provincia de Santa Fe mediante el artículo 33 de la Ley 13.055, prohíbe “la eliminación de residuos sólidos urbanos y compatibles por el método de incineración en cualquiera de sus formas…así como la contratación de empresas incineradoras de residuos localizadas en otras jurisdicciones”.
Por otra parte, el propio Concejo Municipal dispone de la Ordenanza Nº 1080, la cual en su artículo 16, es taxativa cuando dicta que “queda prohibido en el ámbito jurisdiccional del Municipio de Casilda la utilización de los siguientes métodos de tratamiento y disposición final: incineración, enterramiento sanitario y/o enterramiento por relleno de seguridad.”. Esto nos obliga a preguntar…¿cómo, con quién y dónde se haría la disposición final, habida cuenta de estas prohibiciones?
Los desastres tecnológicos, consisten en situaciones que resultan de un accidente sucedido con sustancias químicas peligrosas o equipos peligrosos, y donde se dañaría el ambiente, o la salud de las personas, entre otros. Esto originaría una emergencia tecnológica, entendida como un hecho imprevisto que tendría consecuencias negativas y que podría acontecer por derrame de productos líquidos o sólidos, fuga o escape de productos gaseosos, incendio, explosión o ruptura de cualquier objeto o instalación donde se manipulan productos tóxicos o peligrosos. Esto podría acontecer por fallas en el proceso, fallas de los equipos, fallas humanas, diseños inseguros o interacción de la amenaza tecnológica con fenómenos naturales (sismos, inundaciones, huracanes, deslizamientos, etc.). Aquí también vale la pena destacar, que ante nuestra consulta con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios (CBV) de Casilda sobre estas cuestiones, se nos dijo que Casilda no estaría preparada para dar cuenta de ninguna catástrofe y se nos pidió que nos imagináramos lo que podría llegar a acontecer, si hubiera que evacuar el barrio Nueva Roma, por ejemplo. En otras palabras, debimos también evaluar el grado de vulnerabilidad de nuestra población, o en qué forma la ciudad se ha organizado para enfrentar un evento destructivo. En este sentido, el CBV nos alertó respecto a la falta de una conducta, cultura o comportamiento ciudadano frente a un accidente tecnológico o cualquier tipo de catástrofe. Es decir, todavía no hemos sido educados para reaccionar de manera organizada, ante una situación de gravedad, como la que podría suceder con una planta formuladora de agrotóxicos.
Por otra parte, las medidas de mitigación de un accidente tecnológico suelen resultar altamente costosas y poco efectivas. Cuando se nos justificó la conveniencia de autorizar la actividad, los Concejales insistieron en la demanda de mano de obra; que resultó ser de tan sólo 15 personas, y se aseguró que la inversión sería importante, pero sin compararla con los costos de lo que significaría, la mitigación antes indicada.
Además, hay que tener en cuenta que un accidente con sustancias peligrosas, implica pensar en los efectos a largo plazo y no sólo en los problemas derivados de las intoxicaciones agudas. Más aún, estas sustancias podrían tener propiedades tóxicas de todo tipo (cancerígenas, mutagénicas o teratogénicos) que podrían presentarse, muchos años después de ocurrido el accidente. Por si esto fuera poco, se necesitaría de personal específicamente capacitado y entrenado en esta clase de accidente (uso de equipos especiales, profesionales expertos, entre otros) disponible en los equipos de rescate de todas las instituciones que enfrentaran una situación de este tipo.
Consideramos que la ciudad de Casilda, no está preparada para casos de emergencia o desastres tanto tecnológicos como naturales, puesto que no se han planificado u organizado acciones, establecido estrategias o cualquier otro preparativo necesario para resolver esas situaciones, tales como: reporte de investigación de eventos y análisis de riesgo; elaboración de planes de emergencia; establecimiento de planes de ayuda mutua en los niveles, nacional, regional, local e institucional; entrenamiento y capacitación de personal; comunicaciones; identificación de organismos locales de intervención –capacidad, capacitación, debilidades y fortalezas-; identificación de posible duplicidad de funciones; identificación de interlocutores en la comunidad y definición de sus responsabilidades; identificación y listado del equipo disponible para la respuesta y rehabilitación de la localidad, determinación de la capacidad de reacción de equipos de respuesta ya existentes en el área; definición de estrategias de evacuación, traslado de personas y movimiento de vehículos, establecimiento de mecanismos de alerta y alarma, canales a utilizar y coordinación interinstitucional para la respuesta ante emergencias sean tecnológicas o no.
Si nunca antes se tuvo en cuenta lo anteriormente señalado, ello no debería significar que debamos continuar por el camino de la irresponsabilidad. La dirigencia política y las autoridades locales, deberían velar por los intereses y las necesidades del colectivo social, les correspondería prever situaciones de este tipo para garantizar una efectiva protección tanto a quienes responden al accidente o catástrofe, como a la población en general.
Como Consejo Asesor, debemos recomendar a la Comisión de la cual dependemos, lo que sea mejor para los 40.000 habitantes de nuestra comunidad, dejando de lado los intereses económicos de quienes pudiesen beneficiarse con esta iniciativa. En definitiva, se trata de decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública, presente y futura. Para ejercer semejante compromiso, deviene imprescindible analizar el proyecto con visión prospectiva y ello, necesariamente, implica tener en cuenta los accidentes tecnológicos, por tratarse de un emprendimiento industrial donde se manipulan sustancias tóxicas peligrosas.
Finalmente, esperamos que este asesoramiento resulte útil a quienes lo requirieron, a pesar de no ser vinculante; pero también consideramos importante dejar claro, que esta clase de decisión debería ser consultada con la población, por ejemplo a través de los mecanismos de consulta popular o audiencia pública. Así, todos y todas tendrían la posibilidad de expresar su opinión y decidir si están dispuestos a compartir los costos sociales, económicos y ambientales que esta clase de producción insustentable trae aparejados.
Miembros del Consejo Asesor:
Méd. Vet. Claudia Nigro (Cátedra Libre de Fauna Silvestre, FCV-UNR)
Lic. Carlos Giacomelli (Cátedra Libre de Fauna Silvestre, FCV-UNR)
Conciencia Solidaria Casilda
Cristóbal Whitehead
Carlos Marani
Carla Montanari
Eduardo Taragno
Daniel Dalmagro
Evaristo Aguirre
Apoyan en acuerdo:
Méd. Vet. Juan José Noste, Vicedecano de la FCV-UNR
José Luis Livolti, Coordinador Nacional del Movimiento Campesino Liberación
Méd. Vet. Bruno Livolti Basta de Cáncer Arroyo Seco
Judit Fregoni
Dra. Graciela Gomez Abogada Escribana ECOS DEL ROMANG
Oscar Brasca Autoconvocados de la Criolla
Stella Maris Agüero (PRENSA)
Sandra Michelón
Ramiro Palma Nigro
En este sentido, desaconsejamos la puesta en marcha de la planta, por considerarla de alto riesgo para la población de cualquier ciudad o localidad, pero aún más en Casilda, donde no se estaría en condiciones de controlar los impactos socioambientales vinculados a su normal funcionamiento, y mucho menos mitigar un desastre tecnológico, como el que podría acontecer con una actividad de esas características.
La formulación de agroquímicos es considerada como una actividad de categoría 3; es decir, de alto impacto ambiental, según el decreto reglamentario de la Ley 11.717 de la Provincia de Santa Fe. Para la norma, las actividades cotidianas de una planta de esas características, pueden provocar impactos ambientales negativos, cualitativa o cuantitativamente significativos, contemple o no el proyecto medidas de prevención o mitigación. Asimismo, su funcionamiento constituiría un riesgo potencial alto y en caso de emergencias descontroladas, podría llegar a ocasionar daños graves a las personas, al ambiente o a los bienes materiales.
Según se lee en el proyecto presentado por AFA, se adoptaría “voluntariamente” la serie ISO 14001, como estándar para una “protección ambiental confiable”, a fin de “prevenir y reducir los impactos ambientales negativos”; por lo tanto, se asumiría que habría efectos negativos sobre el ambiente y se pretendería reducirlos, pero no se habla de anularlos. Por otro lado, se lee que “la adopción de la norma no garantiza por sí misma, óptimos resultados ambientales.”, lo cual preocupa aún más.
Se expresa que se tercerizaría la “disposición final de los residuos sólidos” y del “lodo separado” de los efluentes líquidos, con empresas especializadas, pero no se especifica cuáles serían y las mismas, tendrían a su cargo la “incineración” del material. Esto significaría, quemar “residuos especiales como materiales de plástico y papel, contaminados con plaguicidas”. Es necesario señalar en este punto, que la provincia de Santa Fe mediante el artículo 33 de la Ley 13.055, prohíbe “la eliminación de residuos sólidos urbanos y compatibles por el método de incineración en cualquiera de sus formas…así como la contratación de empresas incineradoras de residuos localizadas en otras jurisdicciones”.
Por otra parte, el propio Concejo Municipal dispone de la Ordenanza Nº 1080, la cual en su artículo 16, es taxativa cuando dicta que “queda prohibido en el ámbito jurisdiccional del Municipio de Casilda la utilización de los siguientes métodos de tratamiento y disposición final: incineración, enterramiento sanitario y/o enterramiento por relleno de seguridad.”. Esto nos obliga a preguntar…¿cómo, con quién y dónde se haría la disposición final, habida cuenta de estas prohibiciones?
Los desastres tecnológicos, consisten en situaciones que resultan de un accidente sucedido con sustancias químicas peligrosas o equipos peligrosos, y donde se dañaría el ambiente, o la salud de las personas, entre otros. Esto originaría una emergencia tecnológica, entendida como un hecho imprevisto que tendría consecuencias negativas y que podría acontecer por derrame de productos líquidos o sólidos, fuga o escape de productos gaseosos, incendio, explosión o ruptura de cualquier objeto o instalación donde se manipulan productos tóxicos o peligrosos. Esto podría acontecer por fallas en el proceso, fallas de los equipos, fallas humanas, diseños inseguros o interacción de la amenaza tecnológica con fenómenos naturales (sismos, inundaciones, huracanes, deslizamientos, etc.). Aquí también vale la pena destacar, que ante nuestra consulta con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios (CBV) de Casilda sobre estas cuestiones, se nos dijo que Casilda no estaría preparada para dar cuenta de ninguna catástrofe y se nos pidió que nos imagináramos lo que podría llegar a acontecer, si hubiera que evacuar el barrio Nueva Roma, por ejemplo. En otras palabras, debimos también evaluar el grado de vulnerabilidad de nuestra población, o en qué forma la ciudad se ha organizado para enfrentar un evento destructivo. En este sentido, el CBV nos alertó respecto a la falta de una conducta, cultura o comportamiento ciudadano frente a un accidente tecnológico o cualquier tipo de catástrofe. Es decir, todavía no hemos sido educados para reaccionar de manera organizada, ante una situación de gravedad, como la que podría suceder con una planta formuladora de agrotóxicos.
Por otra parte, las medidas de mitigación de un accidente tecnológico suelen resultar altamente costosas y poco efectivas. Cuando se nos justificó la conveniencia de autorizar la actividad, los Concejales insistieron en la demanda de mano de obra; que resultó ser de tan sólo 15 personas, y se aseguró que la inversión sería importante, pero sin compararla con los costos de lo que significaría, la mitigación antes indicada.
Además, hay que tener en cuenta que un accidente con sustancias peligrosas, implica pensar en los efectos a largo plazo y no sólo en los problemas derivados de las intoxicaciones agudas. Más aún, estas sustancias podrían tener propiedades tóxicas de todo tipo (cancerígenas, mutagénicas o teratogénicos) que podrían presentarse, muchos años después de ocurrido el accidente. Por si esto fuera poco, se necesitaría de personal específicamente capacitado y entrenado en esta clase de accidente (uso de equipos especiales, profesionales expertos, entre otros) disponible en los equipos de rescate de todas las instituciones que enfrentaran una situación de este tipo.
Consideramos que la ciudad de Casilda, no está preparada para casos de emergencia o desastres tanto tecnológicos como naturales, puesto que no se han planificado u organizado acciones, establecido estrategias o cualquier otro preparativo necesario para resolver esas situaciones, tales como: reporte de investigación de eventos y análisis de riesgo; elaboración de planes de emergencia; establecimiento de planes de ayuda mutua en los niveles, nacional, regional, local e institucional; entrenamiento y capacitación de personal; comunicaciones; identificación de organismos locales de intervención –capacidad, capacitación, debilidades y fortalezas-; identificación de posible duplicidad de funciones; identificación de interlocutores en la comunidad y definición de sus responsabilidades; identificación y listado del equipo disponible para la respuesta y rehabilitación de la localidad, determinación de la capacidad de reacción de equipos de respuesta ya existentes en el área; definición de estrategias de evacuación, traslado de personas y movimiento de vehículos, establecimiento de mecanismos de alerta y alarma, canales a utilizar y coordinación interinstitucional para la respuesta ante emergencias sean tecnológicas o no.
Si nunca antes se tuvo en cuenta lo anteriormente señalado, ello no debería significar que debamos continuar por el camino de la irresponsabilidad. La dirigencia política y las autoridades locales, deberían velar por los intereses y las necesidades del colectivo social, les correspondería prever situaciones de este tipo para garantizar una efectiva protección tanto a quienes responden al accidente o catástrofe, como a la población en general.
Como Consejo Asesor, debemos recomendar a la Comisión de la cual dependemos, lo que sea mejor para los 40.000 habitantes de nuestra comunidad, dejando de lado los intereses económicos de quienes pudiesen beneficiarse con esta iniciativa. En definitiva, se trata de decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública, presente y futura. Para ejercer semejante compromiso, deviene imprescindible analizar el proyecto con visión prospectiva y ello, necesariamente, implica tener en cuenta los accidentes tecnológicos, por tratarse de un emprendimiento industrial donde se manipulan sustancias tóxicas peligrosas.
Finalmente, esperamos que este asesoramiento resulte útil a quienes lo requirieron, a pesar de no ser vinculante; pero también consideramos importante dejar claro, que esta clase de decisión debería ser consultada con la población, por ejemplo a través de los mecanismos de consulta popular o audiencia pública. Así, todos y todas tendrían la posibilidad de expresar su opinión y decidir si están dispuestos a compartir los costos sociales, económicos y ambientales que esta clase de producción insustentable trae aparejados.
Miembros del Consejo Asesor:
Méd. Vet. Claudia Nigro (Cátedra Libre de Fauna Silvestre, FCV-UNR)
Lic. Carlos Giacomelli (Cátedra Libre de Fauna Silvestre, FCV-UNR)
Conciencia Solidaria Casilda
Cristóbal Whitehead
Carlos Marani
Carla Montanari
Eduardo Taragno
Daniel Dalmagro
Evaristo Aguirre
Apoyan en acuerdo:
Méd. Vet. Juan José Noste, Vicedecano de la FCV-UNR
José Luis Livolti, Coordinador Nacional del Movimiento Campesino Liberación
Méd. Vet. Bruno Livolti Basta de Cáncer Arroyo Seco
Judit Fregoni
Dra. Graciela Gomez Abogada Escribana ECOS DEL ROMANG
Oscar Brasca Autoconvocados de la Criolla
Stella Maris Agüero (PRENSA)
Sandra Michelón
Ramiro Palma Nigro
Desde Paraná, Entre Rios, tambien decimos NO a la planta de agroquimicos!!!
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